La nueva Ley Orgánica de Educación Superior LOES de octubre de 2010, establece las regulaciones
del sistema de educación superior y de los organismos e instituciones que lo
conforman. Su objetivo es definir los principios y garantizar el derecho a una educación
superior de calidad sin discriminación alguna.
Conforme a la misma
ley, los organismos públicos que rigen el sistema de educación superior son el
Consejo de Educación Superior CES y el Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES.
Por su parte la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación SENESCYT tiene
entre sus funciones nombrar a los rectores de las instituciones de educación
superior públicas, determinar los mecanismos de rendición de cuentas y definir
los mecanismos de integración y equidad social en base a reglamentos.
Han pasado más de dos
años y aún NO se han emitido los reglamentos que regulen las becas y ayudas
económicas y peor aún que regulen el régimen
académico de las instituciones de educación superior.
Es curioso como estos
organismos estatales, se han preocupado más por promocionar el libre acceso y
la gratuidad de la educación y de implementar sistemas como el SNNA, el mismo
que se estableció para el registro e ingreso a
las instituciones de educación superior y que se basa en pruebas
subjetivas online sin que se garantice que dichas pruebas sea efectuadas por
los aspirantes y cuyo contenido es solo de carácter general y de razonamiento
lógico (no de conocimientos básicos de la carrera que pretende seguir el
aspirante).
Estos organismos de “regulación”
también se han preocupado, amparados en el Art. 78 de la LOES, de solicitar a
todas las instituciones particulares del sistema de educación superior el 10%
de cupos para becas educativas del SNNA. Sin embargo el mismo Artículo 78
establece que las becas y ayudas económicas serán administradas por la SENESCYT
en base a un reglamento, el cual NO existe hasta el momento.
Tampoco existe un
reglamento que determine cuáles son las condiciones mínimas que los
beneficiarios de dichas becas tienen que cumplir para seguir siendo merecedores
de esta ayuda económica, becas que por obligación de la ley, también tienen que
ser otorgadas por las instituciones particulares (la mayoría de ellas sobreviven de la autogestión y no
reciben ningún aporte estatal).
Es así como se ha hecho
énfasis en vender la idea de la gratuidad de la educación superior, otorgando a
organismos como la SENESCYT la facultad de “administrar” el acceso de los
aspirantes, ayuda económica, auditoria financiera, designación de autoridades e
incluso del escogimiento de la carrera de los aspirantes según la conveniencia
de asignación de cupos que esta secretaría tenga para el efecto.
Entonces la
articulación del nuevo sistema de educación superior que se originó en la
asamblea constituyente y el Mandato 14 de agosto de 2008, no se está efectuando
en base a criterios técnicos y que cumplan con el fondo de la nueva legislación,
el cual es garantizar una educación superior de calidad. El nuevo sistema de
educación superior se está articulando en base a intereses de ganar el beneplácito
de las grandes masas de aspirantes y sus familias, quienes son votantes
potenciales en la antesala de las nuevas elecciones presidenciales del 2013.
Recordemos también que
por pedido de la asamblea constituyente de 2008, se realizaron evaluaciones a las instituciones
de educación superior por parte de los extinguidos CONEA y CONESUP. En base a
estas evaluaciones se cerraron varias universidades y escuelas politécnicas debilitando
la oferta de opciones de estudios superiores por parte de instituciones privadas,
fortaleciendo así a las instituciones estatales.
De esta forma el
estado se fortalece como el proveedor de la mayoría de opciones para quienes
aspiran realizar estudios a nivel superior. Convirtiéndose al sistema de
educación superior en un medio populista de ganar electores en época de
elecciones. Sumándose a esto el manejo irresponsable, poco profesional y para
nada técnico que garantice una educación superior de calidad.
PJ