En muy pocas ocasiones
se tiene la oportunidad de analizar detenidamente el contenido de una carta de
dominio público para tratar de encontrar las reales intenciones de su autor.
Con fecha 12 de
noviembre de 2012, el Produbanco suscribe un comunicado a sus clientes en el
cual expresa su preocupación por la intención de que la banca se maneje con un
criterio político y no técnico. 
Es obvio que el presidente
sienta malestar e indignación porque el Produbanco haya contestado a sus
clientes en respuesta a sus declaraciones realizadas días antes en referencia a
la reforma tributaria planteada para solventar un incremento del bono de la pobreza.
Pero en una democracia todos los miembros tienen derecho a expresar sus puntos
de vista y opiniones públicamente, no solo el presidente de la república y por
medio de una cadena nacional.
Cuando aquí se habla del lavatorio de manos, no es acaso el
mismo presidente quien incluso amenazó con la posibilidad de estatizar la
banca. Entonces es el gobierno quien tiene que asumir toda la responsabilidad por
intentar manejar la banca con intereses políticos y de crear una inestabilidad que
solo puede tener consecuencias negativas. La banca no originó este malestar, pero
si lo fue el intento del presidente de desacreditar a los otros candidatos relacionándolos
con el sector bancario.
Por qué se intenta
juzgar el presente en base a hechos ocurridos hace más de una década, hoy
vivimos otra realidad. El sistema financiero se ha depurado, la moneda que
circula en nuestro país es el dólar americano y la economía es más estable. No tiene
sentido traer al presente hechos que muy difícilmente se podrían repetir. Pero si
queremos juzgar hechos presentes entonces centrémonos en las denuncias por corrupción de la banca estatal como es el caso Duzac-Cofiec.
Si el presidente insiste
en que no se cansará de repetir lo ocurrido en el año 1999, deberíamos aplicar
la misma práctica y seguir repitiendo y juzgando los hechos condenables de la
historia como la santa inquisición y régimen nazi. Hoy en día nadie juzga a los
sacerdotes por las atrocidades que la iglesia cometió años atrás, ahora los
sacerdotes ya no persiguen, torturan, ultrajan y asesinan a mujeres y hombres como lo hacían en el siglo catorce. Tampoco los
ciudadanos alemanes capturan y envían a las minorías a campos de concentración
como ocurría en la segunda guerra mundial. Los hechos deben ser juzgados dentro de su
temporalidad y no en base a recuerdos.
Y con respecto a los
bancos que son propiedad del pueblo ecuatoriano, ojalá la banca estatal fuese del pueblo y no de funcionarios públicos que otorgan
créditos cuantiosos a ciudadanos extranjeros, sin cumplir las exigencias
mínimas del sistema bancario.
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